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Elaboración: domingo 08 de marzo de 2009 a las 19:30 Validez: martes 10 de marzo de 2009 de 0 a 24 horas (oficial) Fenómenos significativos NINGUNO. Predicción EN EL AREA DEL ESTRECHO Y MELILLA, NUBOSO, CON POSIBILIDAD DE ALGUNA LLUVIA DEBIL EN MELILLA. EN EL ESTE DE CATALUNA, NUBOSO TENDIENDO A POCO NUBOSO DURANTE LA MANANA. EN EL [...]

1.705 trabajadores de los medios de comunicación fueron despedidos durante los últimos ocho meses y otros 153 se acogieron a planes de prejubilaciones, según el Observatorio para el seguimiento de la crisis de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España.

Los medios de comunicación despidieron a un total de 1.705 trabajadores en los últimos ocho meses, mientras que otras 153 personas se acogieron a la prejubilación, según los primeros datos del Observatorio para el seguimiento de la crisis de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

Esta asociación anunció el pasado 14 de noviembre la formación de un grupo de investigación para analizar las consecuencias de la actual situación económica en el sector. La recopilación de datos se inició a partir del 1 de junio del año pasado e incluye cifras actualizadas hasta el 11 de febrero de 2009.

El informe divide las actuaciones laborales de estas empresas en dos: las de nivel nacional y las provinciales. En concreto, el cierre de medios, los recortes de empleo y los expedientes de regulación de empleo afectaron a 968 trabajadores de compañías que operaban en todo el territorio español.

Por su parte, a nivel regional, estas medidas supusieron la pérdida de empleo de 890 personas, siendo la principal ciudad perjudicada Madrid (606 trabajadores), seguida de Barcelona (70) y Santa Cruz de Tenerife (64). Otras ciudades que también se han visto ‘golpeadas’ por la crisis han sido, entre otras, Asturias (32), Guadalajara (12) o Logroño (10).

El documento revela que los periódicos gratuitos han resultado “muy afectados” por la crisis económica ya que, sólo entre las cuatro cabeceras más importantes, se han contabilizado en el paro 270 trabajadores. “La crisis publicitaria -una caída del 16,8% para los gratuitos en 2009, según la última previsión de Zenith Vigía- y, posiblemente,la mala gestión de recursos no perdonan”, apunta.

Asimismo, destaca que estas medidas, que comenzaron principalmente en el papel, “comienzan a extenderse” a los medios audiovisuales, con un “trance más preocupante” en las televisiones locales. En total, 480 empleados afectados por estas medidas trabajaban en el sector audiovisual, en el que la crisis “ha adquirido la forma de externalizaciones”.

La presidenta de la FAPE, Magis Iglesias, presentará este observatorio para el seguimiento de la crisis en la asamblea general de esta asociación, que tendrá lugar el próximo 13 de marzo en Sevilla.

Más de 3.000 en paro
El pasado mes de diciembre, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) desveló a través de su informe anual que un total de 3.247 periodistas estaban en el paro y otros 4.374 demandaban empleo. No obstante, estas cifras no incluían el tramo final de 2008, en el que la citada asociación estimaba que se produciría un incremento aproximado entre el 10 y el 15 por ciento respecto a la cifra de periodistas sin empleo.

En aquella ocasión, el presidente de la APM, Fernando González Urbaneja, advirtió de que lo peor de la crisis estaba por llegar y alertó de que 2009 no invitaba al “optimismo” y que la posibilidad real de alcanzar los 3.000 despidos sería una “catástrofe”.

El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de siete medidas para promover el mercado de trabajo. Tres de las propuestas están encaminadas a favorecer a los trabajadores y a las empresas que afrontan Expedientes de Regulación de Empleo.

El Gobierno dio hoy el visto bueno al nuevo paquete de medidas para proteger y promover el empleo, una obligación que exigirá a las empresas medianas que quieran recibir un préstamo del ICO con el que poder seguir funcionando.

Así consta en la primera condición que se exigirá a estas compañías: la de haber mantenido o creado empleo durante 2008, que se une a otros requisitos, como hacer actividades de I+D+i con al menos el 1 por ciento de su cifra de negocio y que un cuarto de esa facturación se haya producido fuera de España.

Para acceder a esta nueva línea del ICO, que contará con 6.000 millones de euros, también se exigirá a las empresas que su volumen de negocio no supere los 4.500 millones de euros, que no estén participadas por una empresa o un conjunto de empresas que superen esa cifra y que estén al corriente de los pagos con la entidad con la que formalicen el préstamo.

El Consejo de Ministros también aprobó hoy el Decreto-Ley con las seis medidas extraordinarias de índole laboral que tendrán un coste inicial de 1.577 millones de euros.

Así lo afirmó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y precisó que alguna de las partidas destinadas a estas propuestas se “proyectarán” a algún otro ejercicio dada su naturaleza.

Fernández de la Vega subrayó que las decisiones que ha tomado el Ejecutivo en materia de empleo son “relevantes” y recalcó que todas las medidas aprobadas hoy han sido analizadas y valoradas por el Gobierno y los agentes sociales.

Sin embargo, para el portavoz económico del PP en el Congreso, Cristóbal Montoro, estas medidas demuestran que el diálogo social no funciona bien y que se habla tanto “para nada, para no concretar reformas laborales mucho más sustanciosas”.

En su opinión, el Gobierno “supera el diálogo social y lleva adelante medidas con poca capacidad para dar la vuelta a las cosas”.

También el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, volvió hoy a criticar estas medidas, porque el Gobierno no ha corregido las que se refieren a las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social y a la reforma del contrato parcial, con las que el sindicato no está de acuerdo.

Toxo pidió que se profundice más en las medidas dentro del diálogo social, un aspecto que contempla el Gobierno porque prevé evaluar sus resultados cada seis meses previa consulta a los interlocutores sociales, para así decidir su continuidad o modificación.

Tres de las propuestas aprobadas son relativas a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y están encaminadas a favorecer tanto a los trabajadores afectados por dichos expedientes, como a las empresas durante los periodos de suspensión de contratos como consecuencia de los mismos.

Por una parte, los trabajadores podrán recuperar el tiempo de la prestación por desempleo que hubieren consumido durante la suspensión de su contrato por un ERE en el caso de que, posteriormente, se le vuelva a extinguir su contrato.

Para las empresas se establece una bonificación del 50 por ciento de sus cuotas a la Seguridad Social durante el periodo de suspensión de trabajo como consecuencia de los ERE, con un límite máximo de 240 días.

También se pretende estimular la actividad laboral de los trabajadores prejubilados afectados por un ERE que han suscrito un convenio especial con la Seguridad Social, para que de los 61 a los 65 años puedan compatibilizar esta situación con otras ocupaciones que coticen a la Seguridad Social.

Asimismo, se han aprobado los aplazamientos de pago de cuotas empresariales a la Seguridad Social, la bonificación del cien por cien de dichas cuotas a los empresarios si contratan a desempleados, y la eliminación del periodo de espera para empezar a cobrar el paro.

Además, se impulsa la contratación parcial, medida de la que se podrán beneficiar también los trabajadores a tiempo parcial con jornadas muy reducidas.

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