En torno a noventa policías locales de Lugo, un 65% de la plantilla, serán llamados a declarar como imputados próximamente por Estela San José, titular del juzgado de Instrucción número 3, que tramita el sumario por la retirada fraudulentas de multas de tráfico por parte de la Policía Local.

A estos agentes hay que añadir además una decena de auxiliares de policía y todos los particulares beneficiados por la retiradas, por lo que el número de implicados en un primer momento será mucho mayor.

Según pudo saber este diario, la jueza está cerrando los últimos detalles de las diligencias antes de empezar a enviar las citaciones y a tomar declaraciones, si bien no es probable que éstas comiencen la próxima semana dados los días festivos que hay por medio.

Pese a que todos acudirán en principio al juzgado como imputados, las fuentes consultadas consideran que al final no todos ellos serán acusados, ya que las situaciones son muy distintas. Mientras que algunos de los policías tienen más de una docena de multas retiradas en el periodo que se investiga —los documentos que se requisaron en el registro judicial de la sede policial van desde 2007 en adelante—, otros tienen sólo una.

Además, en muchos de los casos el propio sistema de gestión de multas que se utilizaba en el cuerpo dificultará su imputación final. De hecho, hay varios agentes que serán llamados a declarar y que ni siquiera eran conscientes de que se habían retirado multas impuestas por ellos. Simplemente, alguien las hizo desaparecer durante la tramitación.

Número de expediente
Esto es posible por la ausencia de un número para seguir el expediente. Mientras que, por ejemplo, las sanciones de Tráfico cuentan con un número en el propio boletín de la multa y también en el expediente en tramitación, en el caso de la Policía Local sólo figuraba el número en el boletín. Por ello, la jueza ha podido encontrar boletines de multas que luego no se confirmaron administrativamente; en ese caso, el único modo que tendría de probar que realmente debería de haber un expediente es confirmarlo desde su inicio, es decir, preguntando al policía que puso la multa.

De ese modo, y dependiendo de la implicación de cada uno de los imputados, los cargos a los que se enfrentarán serán muy diferentes. La mayor parte de ellos podrán ser acusados de prevaricación o de tráfico de influencias. Sin embargo, la peor parte se la llevarán los que sean acusados además de falsedad en documento público, ya que implica pena de prisión. Según pudo saber este diario, son varios los agentes que están en esa situación y se trataría de los que tenían mayor responsabilidad en la tramitación de las denuncias.

La prevaricación se da cuando se dicta una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia; la pena es de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años. El Código Penal define el tráfico de influencias como el delito que se comete al influir en un funcionario valiéndose de su autoridad o relación con él; contempla penas de prisión de seis meses a un año (sin antecedentes, no se entra en prisión), multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años.

La cosa cambia en el caso de que haya falsedad en documento público. El Código Penal indica textualmente: "La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años".

Otra figura jurídica que podría utilizar la jueza en algunos casos es la de cohecho. Lo hará si halla indicios de que alguno de los agentes retiró multas recibiendo algún beneficio a cambio. En ese caso, la pena que se puede pedir va de dos a seis años de prisión, multa del triple del valor del beneficio obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a doce años. No obstante, no parece que este cargo vaya a ser generalizado.

El caso de Tráfico, en su recta final
El caso similar investigado en la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo entró ya en su recta final. De hecho, la jueza San José hace semanas que no pide nuevas pruebas, después de que citase a declarar como imputadas a un centenar de personas, siguiendo una mecánica similar a la que ahora inicia en la Policía Local. En Tráfico, las imputaciones más sonoras fueron la del ex subdelegado del Gobierno, Jesús Otero, y la del jefe provincial, Julio González. Ambos dejaron sus puestos después de la citación.

Varios policías, pendientes de la operación Carioca
Varios agentes de la Policía Local están también pendientes de la operación Carioca, cuyas diligencias lleva el juzgado de Instrucción número 1. Son los que fueron llamados por la jueza Pilar de Lara a declarar como testigos en relación con la retirada de multas a los implicados en esa trama de prostitución.

En principio, acudieron como testigos. No obstante, si la jueza aprecia indicios de que pudo cometerse algún delito en relación con esas multas retiradas, podría decidir la apertura de un expediente. Si así sucediese, lo más lógico es que diera traslado del mismo al juzgado número 3 para que Estela San José lo añadiera al caso que ya está investigando.

Por otro lado, persisten los rumores de que algún otro policía local podría acabar detenido por su implicación en la misma operación Carioca, y no precisamente por retirar multas. Hay que recordar que Pilar de Lara ya ha enviado a prisión a un agente municipal en relación con este caso, además de a un guardia civil y a un policía nacional.


El Progreso - El 65% de la Policía Local de Lugo declarará en el juzgado por retirar multas