$$$La banca siempre gana$$$

Entre las asignaturas pendientes en torno a la crisis ninguna resalta como el continuismo con que se desenvuelven las agencias de calificación. Su peso incuestionable contrasta, día sí, día también, con que los propósitos de rediseñar su papel se hayan desvanecido, si no del todo en las palabras, por completo en los hechos. A saber por qué. Probablemente por ello, este miércoles se ha producido un hecho insólito con Portugal como sujeto y Standard and Poor's (S&P) en calidad de protagonista.

La cuestión es que, poco después de rebajar la calificación crediticia de Portugal a un escalón por encima del bono basura, S&P estima que el mercado está exagerando el riesgo de impago, al haber forzado la rentabilidad de los bonos lusos por encima del 9 por 100. La agencia cree que, pese a su calificación desfavorable -dos recortes y tres escalones en una semana-, la probabilidad de que el país no atienda sus compromisos es "muy baja", sin que quepa albergar duda alguna de su solvencia.

Las quejas desde Lisboa no se han hecho esperar. Tampoco las de Atenas, dado que la deuda griega es para S&P exactamente bono basura (BB-) desde el martes. También la Comisión Europea ha salido en defensa del gobierno heleno, del que alaba el esfuerzo que está haciendo para que la situación se vaya encauzando. A través de un portavoz, ha señalado que sus estimaciones no tienen nada que ver con las de las agencias de rating. El presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, por su parte, ha llegado a calificar de irracional el comportamiento de estos entes y el Fondo Monetario Internacional cree que están contribuyendo a potenciar la inestabilidad financiera y afirma en un estudio que "llamativamente" concentran sus juicios en unos pocos países (Grecia, Islandia, Irlanda, Portugal, España...), cuando todos los mercados de la zona euro están sometidos a presión.

Cada vez son más los que piensan que los anuncios de S&P, Fitch y Moody's -las tres que ostentan un raro privilegio cuasi monopolista en la tarea- están siendo cuando menos inoportunos. Y, como dijo el subgobernador del Banco de España, Francisco Javier Aríztegui: "el daño que han hecho es muy evidente". Bajar la nota a la deuda de un país supone su encarecimiento automático, lo que dificulta aún más el cumplimiento del ajuste fiscal y aumenta las incertidumbres que conducen a una nueva bajada. Es un círculo vicioso complicado en manos exclusivas de unas agencias cuyos ingresos -y beneficios- provienen de un cruce entre opaco y conflictivo de intereses.

Precisamente de eso último deriva la reiterada propuesta -necesidad- de fijar una regulación más estricta para el negocio de las calificaciones. La Unión Europea lleva más de dos años y medio discutiendo, al menos teóricamente, cómo hacerlo. Hasta la fecha, lo único aprobado es la obligación de inscribirse en un registro. Los comisarios de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, y Mercado Interior, Michel Barnier, anunciaron hace unos días que Bruselas presentará una nueva propuesta antes de que acabe el próximo verano.

La CE estudia de qué modo puede reducirse la "dependencia y confianzas excesivas" hacia las calificaciones. También pretende combatir el oligopolio de las tres anglosajonas y va tomando fuerza la idea de crear una entidad europea fuerte e independiente. Considera asimismo necesario que se mejoren los análisis y aumente su transparencia. Y se pregunta si no sería necesario introducir mecanismos de exigencia de responsabilidad civil.

Mientras algo de eso llega, la atribución de notas de rating modela la conducta de los mercados, con consecuencias a medio y largo plazo que proclamas arrepentidas como la de S&P sobre Portugal difícilmente subsanan y ni siquiera son fáciles de entender.