Gasto / Pese a la caída de ingresos, las CCAA siguen engordando sus plantillas. Las nóminas absorberán un tercio del presupuesto de 2010.
POR FRANCISCO NÚÑEZ

Una cuarta parte de los trabajadores andaluces vive de una nómina pública, según los datos de la EPA del tercer trimestre. En esa fecha, 560.100 personas figuraban en la plantilla de la comunidad autónoma, los ayuntamientos o de las delegaciones de la administración central.

El caladero electoral del Gobierno lidera el ránking de las comunidades en las que más ha aumentado el número de funcionarios. Desde que se inició la crisis económica, el empleo público en esta región ha aumentado en 76.000 asalariados, 14.000 más en el último trimestre. Porcentualmente, es también dónde más ha subido la relación entre empleados públicos sobre el conjunto de asalariados de la región -en cinco puntos, del 19% a el 24% actual-. Y además es la región donde más ha crecido el paro en el sector privado (más de 500.000 personas en dos años) y la destrucción de empleo.

El panorama laboral se circunscribe al ámbito público ya que la tasa de desempleo es del 25,64%, ocho puntos por encima de la media nacional hasta casi el millón de parados (994.400). Y es además la autonomía con más inactivos (jubilados y personas que no tienen intención de trabajar -2,8 millones -). Si se suma la cifra de inactivos, parados y funcionarios sale otro dato llamativo: sólo hay poco más de dos millones de personas de los 8,1 millones de habitantes en esta comunidad con capacidad de generar actividad productiva.

Sin embargo, es en Extremadura, otra región gobernada por el PSOE, donde más nóminas públicas hay en relación con el número total de asalariados de la autonomía. Así, el 33,6% de los trabajadores extremeños tienen un contrato público, dos puntos más que hace dos años. La cifra se eleva en Ceuta y Melilla a tasa superiores del 50%. Pero en este caso, se debe al concepto laboral administrativo de estas ciudades.

Los gastos de personal se han convertido para las comunidades autónomas en la principal partida de gasto y en el obstáculo principal para que las administraciones articulen medidas para activar la economía y el empleo privado. Zapatero tuvo que retirar de la cumbre de los presidentes del pasado lunes una propuesta en la que el Gobierno instaba a las autonomías a asumir «una política de contención de gastos de personal a través de una oferta de empleo selectiva y de austeridad en el incremento de la masa salarial».

Las autonomías no quieren oír hablar de ajuste. Los 17 gobiernos han presentado unos presupuestos para 2010 bajo un principio de austeridad que no existe, sobre todo en el capítulo de personal. Así, uno de cada tres euros del gasto total regional previsto lo dedicará a pagar las nóminas de los 1,7 millones de empleados de que disponen, según datos de la EPA, unos 150.000 más que cuando se inició la crisis económica.

Algunas regiones sobrepasan con creces este listón. Así, la comunidad valenciana empleará el 38,3% de su presupuesto en pagar a sus funcionarios; Aragón, el 37,3%; y Asturias y Cantabria, por encima del 36%. Mientras, el Estado dedicará el 8,8% de su gasto. A esta estela se han apuntado también los ayuntamientos, como el de Madrid, que tiene comprometido el 30% de su presupuesto para pagar a sus empleados, y no puede aducir que ha tenido que aumentar la contratación para hacer frente a nuevos servicios.

El caso es que el Gobierno de Zapatero anda preocupado porque es incapaz de lograr un compromiso para evitar este incremento exponencial del gasto regional en personal que está realimentando el déficit y la deuda. Sólo en el último trimestre aumentó en otras 40.000 personas (90.000 en un año).

Para 2010, según la información facilitada por el ministerio de Economía y Hacienda, las 17 autonomías tienen previsto gastar en sus funcionarios 56.505 millones, un 2% más que el previsto inicialmente en 2009.

Frente a la subida media nacional del 2,3%, Cataluña por ejemplo ha aumentado su partida de personal en un 7,1% y Asturias la sube un 6%. Mientras, Castilla-La Mancha la eleva un 4,3%; Castilla y León, un 3,4%; y Navarra, un 3,1%. El resto de las comunidades ha anunciado leves incrementos o incluso descensos. Pero éste no será el coste definitivo ya que suele producirse una desviación anual importante, que no se conocerá hasta que se realice la liquidación presupuestaria dos años después. Por ejemplo, según datos de la Intervención General del Estado, la masa salarial creció en 2008 un 10,3% frente al año anterior con una subida estimada del 2%.

Además, las autonomías (lo mismo hace el Estado) no incluyen como gasto de personal por ejemplo la remuneración de las dietas y otros costes fijos que ubican en el capítulo dos de los presupuestos relativo a gastos corrientes.

Y que el crecimiento del gasto en esta materia va a continuar lo demuestra el hecho de que en las previsiones autonómicas para 2010 no existe un compromiso de moderación por ejemplo de la oferta pública de empleo, ni tampoco salarial. Algunas autonomías, también lo hacen los ayuntamientos, siguen contratando personal temporal por la puerta de atrás, que luego hacen fijo. Y la moderada subida salarial (0,3% inicial) que se aplicará en la Administración Central, se está eludiendo con el alza de los complementos a su disposición.

Según los datos de la Contabilidad Nacional, esa masa salarial regional (que incluye todos los costes para el empleador y el pago de dietas) se ha duplicado en siete años, hasta los 71.105 millones en 2008. Y un estudio de la EAE Business School advierte que el coste de personal de las autonomías, medido por habitante, es superior ya al del modelo federal alemán.

Este informe, dirigido por el profesor Mario V. González Fuentes, señala que la masa salarial por habitante para hacer frente a este gasto del funcionariado regional ha registrado entre 2000 y 2008 «un crecimiento récord y desproporcionado», que se ha multiplicado por dos (de 800 euros a casi 1.600 euros por ciudadano), y que excede en casi cuatro veces el crecimiento del conjunto europeo. Por el contrario, la economía alemana, con una estructura de administración territorial similar, y que ha servido de referencia a España, «ha mostrado un crecimiento prácticamente nulo en las administraciones regionales».

Según este estudio, frente a ese 100% de crecimiento del gasto medio de personal en este periodo, algunas comunidades han crecido a tasas del 200%, por ejemplo, Cantabria, Aragón, Castilla-La Mancha y Baleares. Por encima del 150% se encuentran Asturias (181%), Extremadura (167%), La Rioja (166%), y Madrid (162%)

Estos compromisos de gasto, cada vez mayores, impiden que las autonomías puedan disponer de recursos para favorecer la creación de actividad y empleo en el sector privado.

Así, el gasto corriente no productivo (de personal, funcionamiento, pagos financieros y transferencias) superará el 79% del presupuesto total de 2010, un punto más que en 2009. De esta forma, de cada 100 euros de gasto, las autonomías tienen comprometidos casi 80. Por tanto, les queda muy poco margen, un 20%, para emplear dinero en generar actividad y empleo en el sector privado como demanda la situación económica. De esta manera, para el año próximo las comunidades han reducido su partida de inversión pública en un 17% mientras que congelan la de transferencias de capital.

Cinco de las 17 autonomías tienen comprometidas partidas de operaciones corrientes por encima de ese 80%. Madrid llega al 87,4%; Murcia, al 83,4%; País Vasco, 82,8%; Cataluña, 81,9%; y la Comunidad Valenciana, al 81,8%. Castilla y León es quien tiene la tasa más baja, en el 74%.

El presupuesto consolidado del conjunto autonómico alcanzará en 2010 los 184.000 millones de euros frente a los 181.000 iniciales pendientes de liquidación de 2009. Es decir, presentan un crecimiento del gasto del 1,6% frente al recorte del 3,9% anunciado por el Gobierno para la Administración central.

Pese al entorno de la recesión, cinco comunidades (Cataluña, Castilla La Mancha, La Rioja, Navarra y Canarias) han aprobado cuentas expansivas. Cataluña, la primera economía regional, prevé gastarse un 9,3% más que en 2009 mientras estima unos gastos financieros (para el pago de la deuda) que sólo aumentan en unos 300 millones.

Llama la atención también que la autonomía castellanomanchega, una de las más afectadas por el desempleo y la crisis del ladrillo, haya aprobado una subida del gasto del 2,3%.

En general, se observa que para capear la situación, las regiones acuden a emisiones de deuda para financiar el gasto corriente ante la caída de los ingresos. Además, la mayoría ha presentado un déficit del 2,5% de su PIB, el máximo permitido por la Ley de Estabilidad. Sin embargo, estos planes, que nada tienen que ver con la crisis económica, se pueden ir al traste, ya que las agencias de calificación están rebajando el rating de la deuda autonómica. Han empezado por la de Cataluña, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. Lo que significa que, en el mejor de los casos, tendrán un mayor coste financiero no presupuestado.
Uno de cada 4 andaluces ya es funcionario / EL MUNDO